Los Ayuntamientos prestan pasta al Estado.
Hace unos días se llegó a un acuerdo entre la Femp (organización española que representa a los municipios, una organización con muchos defectos, pero eso quedará para otro comentario) y el Gobierno para que estos (entre otros aspectos menores) presten dinero al estado. Realmente parece curioso, por varias razones:
Primero, es curioso que los ayuntamientos tengan tanto dinero sin usar como para poder prestarle a todo un gobierno de un estado tan importante como el de este Reino.
En segundo lugar, es curioso que los municipios sean tan generosos como para prestar pasta, especialmente en un momento en que la administración local está tan necesitada de dinero para cubrir las graves emergencias generadas por la pandemia.
Tercero, porque hasta donde yo sé, esta es la primera vez que un presidente de la Femp ha tenido que usar su voto de calidad para resolver una votación. Los únicos votos a favor fueron los del PSOE, mientras que Podemos, el otro socio del gobierno, se limitó a la abstención. El resto de partidos votaron en contra (Por cierto, vemos que en la FEMP se vota por partidos, lo cual, también, no deja de ser curioso).
Cuarto porque, en realidad, los términos del préstamo tampoco parecen deslumbrantes. Intereses bajos, un período de devolución muy largo (10 años con 2 de carencia, lo que da 12 años) y poder gastar libremente (casi) una pequeña parte del total entre este año y el próximo (aquí está obviamente la madre del cordero , porque los municipios no podían gastar su dinero, tenían que depositarlos en los bancos, generando liquidez (a los bancos) y pagando (también a los bancos) para tenerlos allí. Cosas de la ley Montoro y la generosidad de los bancos y que explica la primera curiosidad e, incluso, la segunda)
Pero claro, como dice el artículo que comparto (Carlos Gribau, concejal de Ciempozuelos, en Sin Permiso) “Detrás del enrevesado debate sobre números, déficits, reglas de gasto y préstamos, se ocultan en realidad problemas democráticos muy profundos, asociados al papel de una institución política clave para cualquier democracia, como son los municipios”.
Como reconoció incluso una figura tan poco sospechosa de ser un demócrata convencido como Manuel Fraga, en su propuesta de Administración Única (1), el Ayuntamiento, como administración más cercana a la ciudadanía, es quien tendría que resolver todos y cada uno de los problemas que pudiera resolver. Pero este principio democrático básico debe parecerle peligroso a alguien, quizás porque algunos municipios pueden estar dirigidos por personas sospechosas de ser poco "racionales" (lease neoliberales). Pensemos en un BNG en Pontevedra, en unas Mareas no hace mucho tiempo en A Coruña o Compostela, en un Cádiz, en una Barcelona ... para que seguir.
Así que, aprovechando que había una crisis, se decidió reducir a la mínima expresión la autonomía municipal, en un camino que empezó Zapatero (el llamado segundo Zapatero, el del nefasto artículo 135 de la reformada Constitución, esa tan irreformable hasta poco antes, y también desde justo después, de ese extraordinario momento) y seguido de diversas leyes del tándem Rajoy Montoro y culminado en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de su regla de gasto y de la degradación de los "habilitados nacionales" (secretarios, interventores y tesoreros) de altos funcionarios de los municipios a vulgares "paracaidistas" del ministerio, especialistas poco más que en hacer "reparos de legalidad".
Un camino que llevaría la administración más cercana a la ciudadanía, la que se encargaría de resolver el mayor número de problemas posibles, a Simples Unidades Administrativas.
Este Decreto Ley de Préstamos no va camino de lograr una administración municipal democrática y eficiente, eficaz y efectiva, sino de mantenerla como un paripé pseudodemocrático.
Y ya de traca, el cinismo del PP y la derecha pretendiendo liderar la oposición al "préstamo".
https://www.sinpermiso.info/textos/municipios-y-hacienda-la-caja-de-los-truenos
(1) Ver, por ejemplo, este artículo de 1992 de Manuel Fraga. En el mismo se dice: "El proceso de racionalización debe abrir igualmente un proceso de transferencia hacia la administración local, de competencias de titularidad autonómica, cuando su prestación por estos entes dé lugar a un servicio público más eficaz por su cercanía al ciudadano"...
Por cierto, si el artículo fuera publicado hoy por alguien me atrevería a decir que sería revisado con gran detalle por algún, o más de un, juez de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo (Podeis leerlo entero para confirmar mi sospecha).
https://elpais.com/diario/1992/04/13/espana/703116014_850215.html
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