Hace
unos días se llegó a un acuerdo entre la Femp (organización
española que representa a los municipios, una organización con
muchos defectos, pero eso quedará
para otro comentario) y el Gobierno para que estos (entre otros
aspectos menores) presten dinero al estado. Realmente parece curioso,
por varias razones:
Primero, es curioso que los ayuntamientos tengan tanto dinero sin
usar como para poder prestarle a todo un gobierno de un estado tan
importante como el de este Reino.
En segundo lugar, es curioso que los municipios sean tan generosos
como para prestar pasta, especialmente en un momento en que la
administración local está tan necesitada de dinero para cubrir las
graves emergencias generadas por la pandemia.
Tercero, porque hasta donde yo sé, esta es la primera vez que un
presidente de la Femp ha tenido que usar su voto de calidad para
resolver una votación. Los únicos votos a favor fueron los del
PSOE, mientras que Podemos, el otro socio del gobierno, se limitó a
la abstención. El resto de partidos votaron en contra (Por cierto,
vemos que en la FEMP se vota por partidos, lo cual, también, no deja
de ser curioso).
Cuarto porque, en realidad, los términos del préstamo tampoco
parecen deslumbrantes. Intereses bajos, un período de devolución
muy largo (10 años con 2 de carencia, lo que da 12 años) y poder
gastar libremente (casi) una pequeña parte del total entre este año
y el próximo (aquí está obviamente la madre del cordero , porque
los municipios no podían gastar su dinero, tenían que depositarlos
en los bancos, generando liquidez (a los bancos) y pagando (también
a los bancos) para tenerlos allí. Cosas de la ley Montoro y la
generosidad de los bancos y que explica la primera curiosidad e, incluso, la segunda)
Pero claro, como dice el artículo que comparto (Carlos Gribau,
concejal de Ciempozuelos, en Sin Permiso) “Detrás del enrevesado
debate sobre números, déficits, reglas de gasto y préstamos, se
ocultan en realidad problemas democráticos muy profundos, asociados
al papel de una institución política clave para cualquier
democracia, como son los municipios”.
Como reconoció incluso una figura tan poco sospechosa de ser un
demócrata convencido como Manuel Fraga, en su propuesta de
Administración Única (1), el Ayuntamiento, como administración más
cercana a la ciudadanía, es quien tendría que resolver todos y cada
uno de los problemas que pudiera resolver. Pero este principio
democrático básico debe parecerle peligroso a alguien, quizás
porque algunos municipios pueden estar dirigidos por personas
sospechosas de ser poco "racionales" (lease neoliberales).
Pensemos en un BNG en Pontevedra, en unas Mareas no hace mucho tiempo
en A Coruña o Compostela, en un Cádiz, en una Barcelona ... para
que seguir.
Así que, aprovechando que había una crisis, se decidió reducir a
la mínima expresión la autonomía municipal, en un camino que
empezó Zapatero (el llamado segundo Zapatero, el del nefasto
artículo 135 de la reformada Constitución, esa tan irreformable
hasta poco antes, y también desde justo después, de ese
extraordinario momento) y seguido de diversas leyes del tándem Rajoy
Montoro y culminado en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de su regla de gasto y
de la degradación de los "habilitados nacionales"
(secretarios, interventores y tesoreros) de altos funcionarios de los
municipios a vulgares "paracaidistas" del ministerio,
especialistas poco más que en hacer "reparos de legalidad".
Un camino que llevaría la administración más cercana a la
ciudadanía, la que se encargaría de resolver el mayor número de
problemas posibles, a Simples Unidades Administrativas.
Este Decreto Ley de Préstamos no va camino de lograr una
administración municipal democrática y eficiente, eficaz y
efectiva, sino de mantenerla como un paripé pseudodemocrático.
Y ya de traca, el cinismo del PP y la derecha pretendiendo liderar la
oposición al "préstamo".
https://www.sinpermiso.info/textos/municipios-y-hacienda-la-caja-de-los-truenos
(1) Ver, por ejemplo, este artículo de 1992 de Manuel Fraga. En el
mismo se dice: "El proceso de racionalización debe abrir
igualmente un proceso de transferencia hacia la administración
local, de competencias de titularidad autonómica, cuando su
prestación por estos entes dé lugar a un servicio público más
eficaz por su cercanía al ciudadano"...
Por cierto, si el artículo fuera publicado hoy por alguien me
atrevería a decir que sería revisado con gran detalle por algún, o
más de un, juez de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo
(Podeis leerlo entero para confirmar mi sospecha).
https://elpais.com/diario/1992/04/13/espana/703116014_850215.html